Secretaría de Salud

La preocupación del gobierno mexicano por la creciente demanda ilícita de drogas se ha reflejado en una serie de medidas legales, de carácter federal que, además de corresponder al marco social y jurídico de nuestro país, dan seguimiento a los convenios y tratados internacionales firmados por México, como parte importante de la cooperación global que debe predominar frente a este problema. Así, se han establecido ordenamientos, planes y programas de competencia federal que deben ser cumplidos y operados a través de la coordinación y cooperación sectorial, intersectorial e internacional.

Como expresión del compromiso asumido por México para fortalecer la cooperación internacional en materia de drogas, en las últimas décadas, nuestro país ha suscrito:

Además ha establecido acuerdos, memoranda y convenios bilaterales de cooperación con más de veinte países para combatir el tráfico ilícito y el uso indebido de sustancias, la farmacodependencia y los delitos contra la salud.

Si bien en todos estos acuerdos internacionales se menciona, con diversos grados de énfasis, la importancia de la reducción de la demanda y las acciones que los países deben realizar dentro de esta estrategia en materia de prevención del consumo, de educación y de tratamiento de los adictos, se le ha adjudica un peso mucho mayor a las acciones de control de la oferta, es decir, las tareas de lucha contra el narcotráfico y sus delitos conexos. Como resultado, estas importantes tareas de represión para tratar de reducir la disponibilidad de drogas y de castigar a los responsables de los ilícitos a nivel nacional y multinacional, son las que han consumido la mayor parte de los recursos, materiales y humanos, y han sido el eje de la política internacional.

Ante los escasos éxitos que esta política ha mostrado, se ha señalado de manera creciente que la demanda de drogas es la que, en gran medida, genera la oferta, lo que hace necesario enfrentar el problema con un enfoque más equilibrado entre ambas estrategias, que son, indudablemente, complementarias.

Como una iniciativa de México en diversos foros internacionales y que encontró eco en muchos países, dentro del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) se elaboró una Declaración de Principios Rectores de la Reducción de la Demanda de Drogas, que fue adoptada en junio de 1998 durante el Vigésimo Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas, que también fue celebrado por iniciativa de nuestro gobierno.

Actualmente México participa, a través del CONADIC, en la elaboración de un Plan de Acción sobre la Reducción de la Demanda al interior del PNUFID.

Las normas y disposiciones jurídicas que en materia de reducción de la demanda ha implantado el gobierno mexicano, encuentran su fundamento en el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el derecho a la protección de la salud.

	El derecho a la protección de la salud.
	La clasificación de los medicamentos estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
	El control de su producción y manufactura.
	El control de la disponibilidad, la prescripción y la venta.
	El control de la publicidad.
	Las drogas y el ámbito laboral.
	La obligatoriedad de la educación sobre la materia.
	La regulación de la prestación de los servicios.
	Las sanciones y multas.

En esta Ley se establece que el Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC) es la unidad federal responsable de elaborar y evaluar el los Programas Nacionales contra la Farmacodependencia, contra el Alcoholismo y el Abuso de Bebidas Alcohólicas, y el Tabaquismo, "a través de los cuales promueve, fomenta y apoya las acciones de los sectores público, social y privado tendentes a la prevención y atención integral de las adicciones y problemas de salud pública asociados". A partir de su creación, el CONADIC comienza a establecer acuerdos de coordinación con las entidades federativas y se inicia el establecimiento de los Consejos Estatales y Comités Municipales contra las Adicciones (CECA y COMCA).

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000, en el que el gobierno federal asume un doble compromiso en materia de salud: mejorar la calidad de los servicios, mediante la reestructuración de las instituciones y ampliar la cobertura de los mismos, fortaleciendo su coordinación e impulsando un nuevo federalismo. En el PND, el gobierno mexicano considera a las adicciones como uno de los nuevos problemas de salud originados por los cambios en los estilos de vida.

Programa Nacional para el Control de Drogas (PNCD) 1995-2000 que propone una estrategia integral para enfrentar la problemática planteada por las adicciones y el narcotráfico, definiendo los objetivos, estrategias y líneas de acción con las que participan diversas dependencias del sector público en lo que se refiere al control de la oferta, encomendando expresamente la prevención y la reducción de la demanda a la Secretaría de Salud (SSA) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Programa de Reforma del Sector Salud 1995-2000, que transforma y moderniza el sistema actual y lo hace más eficiente, con el fin de afrontar los retos epidemiológicos y demográficos del país existentes y emergentes. En el cumplimiento de ese propósito, en 1997 la SSA pone en marcha una profunda transformación estructural a través del proceso de descentralización de los servicios de salud para la población abierta de los estados.

Se crea la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades y se incorpora dentro de los doce programas sustantivos del Sector Salud, al Programa de Prevención y Control de Adicciones (PPCA), a cargo del CONADIC, que provee del marco conceptual, contenidos, instrumentos y capacitación a los Servicios Estatales de Salud (SESA), quienes están a cargo de la operación de las acciones del PPCA en todo el país.